El Proyecto busca, a través de la modificación que realiza su artículo 1 al artículo 22 de la Ley 24 de 1992, que la Defensoría Pública deba prestarse en favor de todas las personas que se encuentren en situación de desventaja económica o social para asumir la defensa de sus derechos y su representación judicial y garantizar el pleno e igual acceso a la justicia. Por otro lado, en su artículo 2, modificatorio del artículo 23 de la Ley 24 de 1992, el Proyecto busca, con el objeto de facilitar la gestión institucional de la Defensoría del Pública, adicionar la posibilidad de la contratación de organizaciones no gubernamentales o fundaciones sin ánimo de lucro que presten servicios de asistencia jurídica de carácter social.