El Fondo mantendrá su naturaleza jurídica de establecimiento público de nivel nacional, con régimen especial, adscrito al Ministerio de Trabajo, con autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica. Continuará siendo responsable del reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes, de los congresistas, empleados del Congreso, de la prestación de los servicios de salud.