Con el fin de el fortalecimiento del Estado de Derecho, sin desconocer, claro está, su finalidad social, que el honorable Congreso de la República regule de manera general el ejercicio de esta institución, para evitar que se haga un uso inadecuado de la misma e impedir que por esta vía las autoridades públicas se sustraigan del cumplimiento de la normatividad que subyace a la Norma Superior, pero a la vez, tengan reglas claras para ejercerla, en procura de velar por la primacía constitucional.