El proyecto de ley pretende establecer un marco general para el mal denominado impuesto de estampilla que en realidad corresponde a una clase de contribución parafiscal del orden territorial, pero que se ha venido adoptando mediante leyes del Congreso en diversos departamentos del territorio nacional, sin que hasta la fecha se haya expedido una norma general que reglamente los elementos o parámetros mínimos que la deben constituir, tal y como lo permite la Constitución Nacional y como en consecuencia lo han dispuesto el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en diversas sentencias sobre el particular.