El presente proyecto de ley de origen parlamentario tiene total viabilidad jurídica para
ser tramitado de manera reglamentaria por esta honorable Comisión por cuanto se ajusta
a las normas legales y constitucionales vigentes. La circunstancia de referirse a la distribución
de unos recursos económicos y materiales no exige en modo alguno del aval del
Gobierno Nacional, ya que tales recursos no provienen del presupuesto nacional sino que son producto de una tenencia ilícita por parte de particulares. El Estado en este caso está
obligado a incautarlos, judicializarlos y legalizarlos para encauzarlos luego con sentido
social en beneficio de la comunidad.