La presente ley tiene por objeto definir herramientas para la protección de los organismos y los servidores públicos que desarrollan actividades de Inteligencia y Contrainteligencia; así como para establecer los mecanismos necesarios que le permitan el cumplimiento de su misión constitucional, entre otras. Para lo anterior se dictan disposiciones acerca de la reserva y el secreto profesional en Inteligencia y Contrainteligencia y la protección a los servidores públicos que realizan esas actividades.