Propone crear una prelación de carácter legal para que se privilegie la actividad de los mineros tradicionales, informales o de hecho sobre los derechos que pretendan hacer valer aquellas personas que se limitan a solicitar licencias de exploración o explotación o a inscribir registros mineros, sin ejercer la actividad y sin cumplir las obligaciones legales derivadas de tales licencias o registros.