Busca levantar la restricción a aquellos bienes cuya destinación era la realización de proyectos que fueron archivados, declarados no viables y/o suspendidos indefinidamente, para que las entidades públicas puedan, en desarrollo de su autonomía administrativa y financiera, disponer de ellos, enagenándolos, entregándolos en dación de pago, permutándolos, gravándolos o ejerciendo cualquier otra actividad que se derive del derecho de dominio.