El presente proyecto de ley introduce modificaciones al Código Penal en materia de telecomunicaciones. Específicamente, penaliza al empleado o representante legal de empresas de telecomunicaciones que omita o retarde la entrega de información requerida judicialmente. También ordena la interceptación de comunicaciones que utilicen internet o nuevas tecnologías dentro del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal.