Con la expedición del acto legislativo 03 del 20 de diciembre de 2002, el constituyente borró las ataduras normativas que impedían el diseño, construcción e implementación del sistema acusatorio en materia criminal. Por este motivo, se presenta a la consideración del Congreso, en cumplimiento del mandato conferido por el constituyente, el proyecto de código de procedimiento penal que adecua el rito procesal a los noveles principios y derroteros normativos plasmados en la Carta Política.