La presente ley crea mecanismos para que las autoridades en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales garanticen la adecuada participación, consulta y concertación a que los grupos étnicos tienen derecho en todos los niveles decisorios de las Ramas y Organos del Poder Público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia. Así mismo, también promuevan esa participación en las diversas instancias de decisión de la sociedad civil.