El proyecto pretende ampliar las funciones que a través de la Constitución se le asignan al Banco de la República, otorgándole a este ente una mayor responsabilidad frente a la adopción de los proyectos económicos, ya que éstos deberán estar en armonía y en coordinación con las políticas sociales, laborales y productivas que a bien tenga implementar al Gobierno de turno. De otro lado y en pro de ejercer un mayor y mejor control por parte del Congreso a las funciones ejercidas por el Banco de la República, es fundamental que se eleve a rango constitucional la presentación anual de un informe sobre la ejecución de sus políticas y sus efectos en los sectores laboral, social y productivo de la Nación. También es necesario que se reduzca el número de los miembros de la Junta Directiva del Banco de siete a cinco.