Busca modificar la composición de la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado creadas como consecuencia de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, incorporando a un representante de su personal médico, elegido democráticamente entre sus integrantes y precisando que el representante del sector de los trabajadores debe ser una persona que tenga un vínculo laboral permanente con alguna de las clínicas o centros de atención ambulatoria que conforman cada empresa, también elegido democráticamente.