Esta ley tiene por objeto promover la transparencia de la gestión contractual pública y garantizar el acceso a la información relacionada con los actos administrativos de la actividad contractual, de conformidad con el principio de publicidad de la administración pública, de la razonabilidad de precios de referencia y la óptima utilización de los medios tecnológicos, como herramienta eficaz contra la corrupción.