Se introduzcan a nuestro ordenamiento jurídico normas que regulen una actividad económica que hasta ahora no refleja en su práctica la aplicación de los principios de justicia conmutativa y de equilibrio económico, los cuales se deben verificar en las relaciones jurídicas de Derecho Privado dentro del marco de un Estado Social de Derecho como el Colombiano, cuyos fundamentos constitucionales promulgan y le otorgan la dirección de la economía en busca del cumplimiento de sus finalidades.