La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, fortalecer y estimular la organización democrática y representativa de las organizaciones civiles y su desarrollo, establecer un marco jurídico para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como sus derechos y deberes. En especial, desarrolla la participación de las organizaciones civiles y los particulares en las instancias de información, consulta, decisión, gestión, ejecución, control, vigilancia y evaluación de la gestión pública, con el propósito de contribuir al bienestar general de la población y colaborar en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.