El proyecto está fundamentado en el interés público, se orienta a la protección del bien común de todos los agentes sociales (capital, administración, trabajo, clientes, consumidores, otorgantes de crédito, acreedores, competidores, estado y comunidad) cuyas relaciones deben ser reguladas por el estado bajo el criterio de equidad, pues, con
su excepción, constituyen la sociedad civil, su base y objetivo.