Pretende modificar la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, también conocida como Ley de Vivienda, que dictó normas en materia de vivienda y señaló los objetivos y criterios generales a los cuales se sujetará el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación. Con el objetivo de proteger a los usuarios frente a los cobros exagerados de créditos hipotecarios y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Corte Constitucional en cuanto a adecuar esta ley a las condiciones actuales de los usuarios del sistema de vivienda, se propone proteger a los usuarios que hayan pagado dos veces y media o más el valor del crédito para que no les rematen sus viviendas