La presente ley pretende reglamentar la participación activa de los jóvenes en las diferentes ramas y órganos poder público. Para esto, define lo que se entiende como “joven”, establece las condiciones (con una excepción) de participación activa para los jóvenes, ordena la elaboración de informes de seguimiento y establece condiciones para que se materialice una igualdad de remuneración, además de responsabilizar al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo por el cumplimiento de esta ley.