El proyecto tiene como fin regular la prestación de servicio de televisión, por comunidades organizadas, instituciones educativas, tales como colegios y universidades, fundaciones, corporaciones, asociaciones de derecho privado, entidades sin ánimo de lucro y personas jurídicas con ánimo de lucro en municipios hasta de trescientos mil (300.000) habitantes, con énfasis en programación de contenido social, cultural y comunitario y podrá ser comercializado gradualmente, de acuerdo con la reglamentación que al efecto expida la Comisión Nacional de Televisión.