El proyecto de ley se enmarca dentro de la Constitución Política al buscar la protección de los pacientes vinculados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, creando una función de intermediación en la figura del Defensor del Usuario como ente perteneciente a la Defensoría del Pueblo, en el desarrollo de su función constitucional de promover y divulgar los derechos humanos.