El proyecto de ley tiene como objetivo prorrogar por un año más la vigencia de la Ley 486 de 1998, y la Ley 999 de 2005, con el fin de permitir que las personas que aún no hayan realizado el trámite de renovación de la cédula, no pierdan sus derechos políticos y civiles consagrados en la Constitución, dejando en claro que para las próximas elecciones serán válidas todas las cédulas que hayan sido expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.