Con la propuesta que presenta, el Gobierno Nacional pretende afianzar en forma integral, en el ámbito normativo, los postulados de independencia y autonomía de la administración de justicia y de sus corporaciones judiciales, mediante la modificación de las normas sobre la composición de estas corporaciones y su funcionamiento, que aseguren que la administración de justicia se mantenga alejada de la injerencia de otras ramas del Poder Público y, a su vez, se aleje de la injerencia en ellas, y que además, hagan propicia la observancia plena del debido proceso en las actuaciones judiciales, al institucionalizar el principio universal de la doble instancia y la separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento de funcionarios con fuero constitucional.