Las evaluaciones hechas por el Ministerio de Ambiente, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental, han estimado la necesidad y conveniencia de revisar la naturaleza jurídica y funciones de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y la composición y funciones de las asambleas corporativas y consejos directivos y del director general, para garantizar la debida coordinación para la ejecución de las políticas ambientales. Para ello el proyecto busca conferir facultades expresas por el término de seis (6) meses, al Presidente de la República.