Esta iniciativa parlamentaria tiene como objetivo impedir que las prestadoras de salud continúen abusando del derecho de los usuarios, al argumentar que por motivo de cambio de empleador, traslado de Entidad Promotora del Servicio de Salud, o cambio de categoría independiente o dependiente, al usuario se le interrumpen en esos primeros 40 días todos los servicios, excepto el de Urgencias, llevándolos a no recibir los servicios, de los cuales tienen derecho, o en la mayoría de los casos a que el usuario cancele el servicio de salud directamente a las entidades prestadoras. Esta norma pretende aclarar una laguna legal que ha sido aprovechada de forma perjudicial para el usuario del sistema contributivo de salud.