El presente proyecto de ley tiene por objeto la implementación de un sistema que permita al organismo de vigilancia y control, protección y defensa constitucional y legal que es la Procuraduría General de la Nación, a través de una Procuraduría Delegada, implementar un sistema de prevención del delito de Enriquecimiento Ilícito de servidores públicos, sistema en el que se pueda integrar el resultado del análisis y cotejo de la información de los servidores públicos que hayan implementado diferentes entidades públicas. De esa manera, será la Procuraduría la encargada de coordinar la interoperabilidad de los sistemas, realizando el análisis y cotejo de la información que suministre cada servidor, en especial quienes cumplen funciones de ordenadores del gasto, manejo de la contratación estatal y poder de decisión política en las diferentes entidades del orden nacional como territorial y en conjunto con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, y la Fiscalía General de la Nación se fortalezca la función de detección y sanción del ilícito.
Este proyecto pretende vincular los sistemas de información que manejan otras entidades públicas con las cuales se pueda realizar el cotejo de información que se presente frente a los servidores públicos, análisis que permita encender el sistema de alarmas al interior de la Procuraduría Delegada y así iniciar el proceso investigativo con la UIAF y la Fiscalía General de la Nación sobre las irregularidades que comprometan la responsabilidad del servidor público.