Sinópsis

La propuesta busca que la acción de tutela contra decisiones judiciales, que legalmente existió en el Decreto 2591 de 1991 y que fue retirada del ordenamiento jurídico por una sentencia de la Corte Constitucional, vuelva al escenario normativo de una manera ordenada y coherente.

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces que señale la ley, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.