El proyecto de ley se orienta a perfeccionar la Justicia de Paz. Principalmente se orienta el proyecto a enfrentar el grave problema a que se ven abocados los jueces de paz para poder cumplir su labor, al no disponer de un lugar, sede o espacio físico, en el cual puedan despacha r sus importantes funciones públicas. Es por eso que se propone que las administraciones distritales y municipales, en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, brinden el apoyo logístico necesario, acudiendo a los recursos del presupuesto de la Justicia de Paz, a recursos propios de las entidades territoriales, a convenios o a cooperación internacional. Además, se les otorga a los jueces la competencia que todo funcionario público debe tener, de trasladar a las autoridades competentes todo asunto del cual no pueda conocer. También se pretende fortalecer la capacitación de los jueces de paz y la posibilidad que esta pueda ser impartida a través de entidades públicas o privadas. Adicionalmente, resulta importante crear algunos incentivos tendientes al reconocimiento de la altruista labor desempeñada por estos servidores, tales como su inserción en programas de fortalecimiento a su gestión y su desarrollo personal.