El proyecto de ley pretende establecer los parámetros y criterios fundamentales para organizar la evaluación externa de resultados de la calidad de la educación, dictar normas relacionadas con el fomento de una cultura de evaluación y conceder facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para reorganizar el sistema de evaluación al Icfes, a fin de procurar el adecuado proceso de inspección y vigilancia por parte del Estado.