La iniciativa pretende enviar un fuerte mensaje a la sociedad en general sobre la imperiosa necesidad de reforzar la punibilidad de las conductas punibles cometidas contra los sindicalistas y, a su vez, está en consonancia con las recomendaciones que diferentes instancias internacionales les han efectuado a las autoridades del Estado colombiano para la protección de la actividad sindical. Así, se envía una señal por parte del Estado colombiano en el sentido de la adopción de instrumentos normativos para castigar con severidad estas trasgresiones, que en últimas atentan contra garantías fundamentales que la Constitución declara como parte del ideario de la sociedad.